Las consecuencias judiciales son las que son (a expensas del, seguro, indulto que vendrá), pero las consecuencias más graves de la huida hacia delante son los daños que los niños han padecido y padecen

La historia de Dña. Juana Rivas es conocida por todos. Se la convirtió en Juana de Arco por políticos (de toda ideología, sin distinción), presentadores de televisión y tertulianos varios, generándose un estado de opinión en el que, a pies juntillas, se daba veracidad a cuanto decían ella y sus portavoces y se presentaba al Sr. Arcuri como el peor de los mortales. Salvando las distancias, lo mismo que sucede hoy con el caso Flores vs Carrasco, Carrasco vs Flores.

La huida de Dña. Juana fue una suerte de folletín en el verano de 2018. Dio lugar a aquello de “Juana está en mi casa” y nuestra clase política, con su habitual búsqueda del rédito electoral, se pronunció a favor de la Sra. Rivas. Sirvan tres ejemplos:

• La por entonces Presidenta de la Junta de Andalucía, Dña. Susana Díaz, llegó a poner a disposición de la hoy condenada la maquinaria jurídica de la Junta para “defenderla”;
• el también entonces Presidente de Gobierno, D. Mariano Rajoy, dijo que “Hay que ponerse en el lugar de esta madre. Hay que ser consciente de lo que le ha ocurrido: un matrimonio, ha tenido que irse a Italia, ha tenido que volver, ha sido dos veces agredida, su marido ha sido condenado por los tribunales… A las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás”;
• y la que hoy es Fiscal General del Estado, Dña. Dolores Delgado, cuando era Ministra de Justicia, pidió a su colega italiano que interviniera en favor de la madre de Maracena, en lo que parecía la recuperación de las palabras de D. Alfonso Guerra de 1985, “Montesquieu ha muerto”.

Si algo caracterizó aquellos días fue, en mi modesta opinión, la falta de prudencia de cuantos hablaron y la destrucción del más elemental principio de alguien que se enfrenta a un procedimiento penal, la presunción de inocencia.

Pero, el tiempo trajo una realidad muy diferente a la que nos vendieron hace casi tres años. La Sra. Rivas fue condenada y el Tribunal Supremo ha ratificado su condena, si bien es cierto que la ha reducido. En definitiva, todos los que denostaron la figura del Sr. Arcuri han desaparecido… Todos salvo nuestra Ministra de Igualdad, Dña. Irene Montero, que utilizaba ayer su propio boletín oficial (Twitter) para cuestionar una vez más la labor del poder judicial y volver a colocar la perspectiva de género en el debate: “La condena a Juana Rivas sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la justicia. También le debemos reparación a las madres que son perseguidas por proteger a sus hijos e hijas de la violencia de género. No descansaremos hasta hacerlo realidad”. Esto es, por mucho que la justicia se haya pronunciado, parece que a nuestra clase política le importa más el populismo.

Nos asalta una duda tras leer las palabras de la Sra. Montero. Intercambiemos los roles, pongamos a D. Francesco en el lugar de Dña. Juana: ¿acaso la perspectiva de género solo se consigue con la condena de un progenitor? ¿Importa más la perspectiva de género que la ley? Tal vez nos hayamos perdido en algún punto, pero entre esas declaraciones y el recién aprobado proyecto de ley sobre infancia y adolescencia, parece que antes la ley tendremos las “perspectivas” de género. Mal augurio para nuestra justicia…

Dña. Juana ha sido condenada por secuestro. No es moco de pavo. Pero, lo peor, es que esa condena ha llevado a unos niños a verse privados de su madre, Dña. Juana se ha visto privada de la crianza de sus hijos como consecuencia de sus actos. Las consecuencias judiciales son las que son (a expensas del, seguro, indulto que vendrá), pero las consecuencias más graves de la huida hacia delante son los daños que los niños han padecido y padecen: solo el tiempo dirá si esos niños se recuperan para la sociedad.

Se puede estar conforme o no con la calificación del Tribunal Supremo de la pena de la Sra. Rivas. Es más que legítimo el debate jurídico, incluso enriquecedor para todos los que día a día participamos de la vida judicial. Siempre es necesario ese debate, desde el respeto de la posición del otro. Pero cuando se pretende sustituir la ley por la opinión, la creencia o la ideología, llegamos a la tan temida muerte de Montesquieu.