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Autor: Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández, Abogado miembro de Legal Touch y Socio Director del bufete  Quercus- Superbia Jurídico.

En fecha de 3 de febrero de 2020, se ha vuelto a derrotar a Caixabank en una novísima sentencia dictada por el Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil) con número 64/2020, recurso de casación 3034/2017 siendo ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena y letrado vencedor, el mismo que suscribe este trabajo, que actuó como abogado del consumidor y usuario titular de los bonos Aisa objeto del ligio, y que ha visto cómo la negativa de Caixabank a devolverle su inversión, ha sido rebatida por el Alto Tribunal.

El mismo abogado especialista en esta materia como firmante, ha vencido a Caixabank ante el Supremo en otras sentencias que a continuación vamos a reseñar y cuyos fundamentos y doctrina jurisprudencial creada hacen responsable final a Caixabank de todos y cada uno de los productos financieros tóxicos que comercialmente “colocó” Bankpyme a sus clientes, y entre otros los bonos AISA, los Bonos General Motors, Landsbansky y Kauthing, sin que esta lista sea exahustiva de todas las inversiones tóxicas que la entidad catalana, cuyo negocio bancario fue adquirido por Caixabank, comercializó durante las dos primeras décadas de este siglo.

“En fecha de 3 de febrero de 2020, se ha vuelto a derrotar a Caixabank”

Pero hagamos una descripción cronológica de la citada compra del negocio bancario de Caixabank a Bankpyme, a los efectos de fijar el contenido de este artículo creado en defensa de los derechos de los afectados por Bankpyme y Caixabank.

La compra del negocio bancario del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) por parte de Caixabank, se fraguo en fecha de 29 de septiembre  de 2011, mediante la firma de un contrato privado que en fecha de 1 de diciembre de 2011 se elevó a escritura pública y siendo uno de los objetos del contrato la “compraventa de negocio bancario suscrito el 29 de septiembre de ese mismo año, por el que Bankpyme transmitió a Caixabank S.A.  «su negocio bancario como unidad económica» (cláusula primera), del citado contrato. En dicho contrato intervinieron también los tres accionistas de referencia de Bankpyme «únicamente a los efectos de comprometerse a votar a favor de los acuerdos de la Junta General de Bankpyme».

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El caso se abrió cuando los afectados, que solicitaron pisos por valor de 60.000€ provenientes de un Proyecto de Interés Regional de Junta de Extremadura, pagaron la oportunas entradas para la adquisición de los inmuebles sin que éstas fueran devueltas, ya que los inmuebles nunca se llegaron a construir. Ahora, después de 13 años de intensa lucha, tres juzgados han acabado por darles la razón, lo que supone una contundente victoria, sobre todo, de carácter moral.

Han sido tres juzgados los que han emitido un fallo favorable para los 119 afectados. El juzgado de Instrucción nº3 de Plasencia ha condenado a la entidad bancaria a desembolsar un total de 213.995€ a 70 de los demandantes, que representan a 102 de los afectados, o dicho de otro modo, cada uno de los afectados recibirá 3.000€, excepto uno, que recibirá 6.955€. Estas cantidades coinciden con las sufragadas por los afectados para cubrir los gastos de entrada de los pisos.

La construcción de los pisos fue promovida por la Junta de Extremadura en 2007, adjudicándose por sorteo público. La entrada fue provista entre 2008 y 2011, reconociéndole ahora el juzgado el derecho a cobrar intereses desde ese mismo momento. La entidad bancaria no ha recurrido la sentencia, por lo que ésta es firme.

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Uno de los abogados más notables de Aragón, Don José Luis Espinilla Yagüe, miembro de Legal Touch y Director de Espinilla Abogados, ha publicado un artículo en Economist & Jurist nº 233 en el que de una vez por todas se da luz y claridad a la definición y clasificación de los actos de imitación en la ley de competencia desleal.

Entre otras afirmaciones, Espinilla sostiene que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales es libre y, por ello, no pueden ser consideradas como actos ilícitos o como actos de competencia desleal.

FUENTE: INFORMATIVO JURÍDICO

Jorge Martínez Martínez, Abogado de Legal Touch en Valencia y Director de Superbia Jurídico declaró a Economist & Jurist, a propósito de la publicación del artículo titulado “el cambio cierto como requisito para la modificación de medidas y el establecimiento de la custodia compartida”, que la posible dependencia del progenitor único custodio que pudieran tener los menores a temprana edad  tiende a desaparecer de forma paulatina.

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El bufete prestigioso Quercus-Superbia Jurídico, y miembro de Legal  Touch, del cual son sus socios directores, Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández y Jorge Martínez Martínez, especializado en Derecho Mercantil, Bancario y financiero, (en su Marca Quercus) y al Derecho de Familia, Penal  y Violencia D (con su marca Superbia) ha inaugurado sus nuevas instalaciones en los aledaños de la Castellana, en el corazón financiero de Madrid, concretamente en la calle Rafael Salgado, 7 desde donde seguirán atendiendo a sus clientes prestándoles un mejor servicio, aun más personalizado, si cabe.

Fuente: Economist Jurist

Por Jorge Martínez Martínez. Abogado de Familia. Socio Director en Superbia Jurídico y miembro de Legal Touch   En breve: A nadie se le escapa que uno de los procedimientos más complicados con que el Abogado de Familia puede encontrarse es el de modificación de medidas. La complicación viene motivada por la justificación de los cambios,…

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Fuente: Economist & Jurist

Por José Luis Espinilla Yagüe. Abogado de Espinilla Abogados. Miembro de Legal Touch   En breve: Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5212/2014, de 29 de octubre de 2014, “el artículo 11 de la Ley 3/1991 (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal) establece, con carácter general, la regla según la cual…

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Fuente: Economist & Jurist

Juan Manuel Orenes Bastida. Abogado de Orenes&Asociados Abogados. Miembro de Legal Touch

Llegan las fechas de salidas y llegadas masivas en los aeropuertos y con ello los problemas derivados de los abusos  o imposibilidad de gestión del tráfico por las aerolíneas, por ello resulta útil al viajero conocer sus derechos y cómo afrontar las reclamaciones en caso de vulneración. Las situaciones más habituales que otorgan derecho a reclamar a las compañías aéreas vienen previstas en el Reglamento Europeo 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, aplicables a los vuelos que salgan de aeropuertos de la Unión Europea,  además de Islandia, Noruega y Suiza, así como para todos aquellos vuelos operados por compañías comunitarias aunque partan de aeropuertos no comunitarios y por compañías no comunitarias que salgan de territorio comunitario hacía estados que no pertenecen a la Unión Europea.

Desde el Gabinete de comunicación de Legal Touch informan que dentro del ámbito  de la Ley de Segunda Oportunidad, esta Sentencia abre nuevas expectativas en favor de los ciudadanos sometidos a la misma.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de dos de julio de 2019 desestima el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la que daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

El fallo abre la puerta a que los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas , tanto el crédito ordinario como el subordinado (intereses, recargos , sanciones y un 50% de la cuota).

El abogado Santiago Sáenz Pinto   , miembro de Legal Touch , publica en el número de Julio –Agosto de la revista Inmueble , www.inmueble.es  un artículo en el que analiza sentencias del Tribunal Supremo en las que se concluye en relación al control de transparencia de las cláusulas suelo , que el Tribunal Supremo pone de manifiesto que “la información precontractual “ enviada a través de correo electrónico no es admisible y , en consecuencia , la declara nula de pleno derecho .