Mes: mayo 2020

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Recuperación de los días de visitas no disfrutados por la pandemia: misión imposible para los padres separados

El colectivo de padres separados ha padecido y sigue padeciendo la falta de celo del legislador a la hora de dar claridad a su situación durante la pandemia. No fue sino hasta una semana después de declararse la alerta sanitaria cuando el CGPJ emitió nota informativa que, por otro lado, no afirmaba sino algo obvio, tal cual era que las resoluciones judiciales debían cumplirse incluso durante el estado de alarma. Eso sí, la letra pequeña de la nota era lo realmente importante, diciendo que quedaba en manos de los jueces -según su leal saber y entender- la forma en que, en su caso, debían cumplirse.

Actividad judicial suspendida, limitaciones de movilidad derivadas del confinamiento, etc. El caldo de cultivo para que las sentencias de Familia no se cumplieran estaba servido. Sin entrar en los motivos -que los habrá justificados y no- no son pocos los progenitores que no han podido estar con sus hijos desde el 14 de marzo. Por ello, y aun con los recelos y la crítica de todos los operadores jurídicos, las medidas de Familia recogidas en el RDL 16/2020 traían una mínima esperanza al colectivo para recuperar el tiempo con sus hijos, ya que por primera vez se hablaba en alguno de nuestros textos legales de la posibilidad de compensar y recuperar los días no disfrutados con nuestros hijos.

Como dijimos en nuestro artículo “Comentarios al RDL 16/2020, de 28 de abril: medidas sobre Derecho de Familia”, dudábamos no sólo de que el RDL ayudará a superar el colapso judicial que se nos viene encima sino de la efectividad de la medida. Así, fácil podía resultar para aquel progenitor que no hubiera permitido el contacto con el otro “justificar” su incumplimiento y que, finalmente, quedara sin consecuencia. Es decir, el RDL podría terminar vacío de contenido.

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El próximo día 4 de junio de 2020 de alzan los plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad

  1. El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.

Los arts. 8 a 11 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE del 23.5.2020), proceden a alzar la suspensión de los plazos procesales, administrativos y de prescripción y de caducidad de derechos y acciones aprobado en su día por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, motivo por el cual su Disposición derogatoria única establece que Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogadas las disposiciones adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

Los mencionados preceptos señalan textualmente lo siguiente:

– Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales.

– Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

– Artículo 10. Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

  1. La Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo.

La Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (BOE de 23.5.2020), activa con efectos desde el 26 de mayo de 2020 la Fase 2 del Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 establecido en el anexo II de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, de modo que:

  1. a) El porcentaje de personal que atenderá los turnos en esta fase (60-70%) se calculará sobre la plantilla efectiva de cada órgano o servicio, incluyendo a los funcionarios de gestión procesal y administrativa, los funcionarios de tramitación procesal y administrativa y los de auxilio judicial.
  2. b) El turno de asistencia de los Letrados de la Administración de Justicia se establecerá en función de los destinados en órganos del mismo tipo en cada partido judicial, siempre que exista más de uno de cada tipo. En caso contrario, deberán acudir un día de cada dos, aplicándose los criterios de sustitución ordinaria si fuera preciso.
  3. c) Se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios que acuda a cubrir el turno de trabajo impida garantizar el mantenimiento de las medidas de seguridad.

Los turnos de tarde se establecerán en las condiciones previstas en el anexo III de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo.

En los centros de destino en los que no se establezca turno de tarde y estén garantizadas las medidas de seguridad, la jornada horaria será la misma que se viniera realizando con anterioridad a la declaración del estado de alarma.

III. Nota informativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Como colofón a lo anteriormente expuesto, el CGPJ, mediante una nota informativa dada a conocer hoy mismo, 23.5.2020, acuerda que los servicios declarados esenciales durante el estado de alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude la actividad judicial.

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2020 Vision: Focus On Defending The Rule Of Law

The legal industry is principally focused on technologynew modelscompetitionreregulation, the sustainability of the traditional partnership model—issues that impact stakeholder livelihoods and career trajectories. Defending the rule of law is a less concrete, but seminal challenge the industry must focus on in 2020 and beyond. It is law’s version of climate change—an urgent, existential global threat that affects us all. The rule of law is the foundation that supports the pillars of democracy and freedom.

The Economist Intelligence Unit conducts an annual “state of democracy” index in 167 countries. Democratic health is based upon five key criteria: electoral process and pluralism, civil liberties, the functioning of government, political participation, and political culture. The United States ranked 25th in the 2018 survey—below Costa Rica, Estonia, South Korea, and Chile. The US was classified as a “flawed democracy” for the second consecutive year, failing to achieve the “full democracy” status earned by 20 other sovereign nations. The US relegation  reflects “a sharp fall in popular confidence in the functioning of public institutions” that is presently on full display.

Chief Justice Roberts cautioned in the 2019 Year-End Report on the Federal Judiciary, “we have come to take democracy for granted, and civic education has fallen by the wayside.” He cited numerous threats including the instantaneous, pervasive spread of rumor and false information by social media, the public’s need to understand government and the protection it provides, and the importance of a strong, independent judiciary, “a key source of national unity and stability.” The Chief Justice’s Report confirms threats to the rule of law and democracy are real, multiple, and urgent.

What is the rule of law? The World Justice Project lists four key components:

  1. The government and citizens are accountable under the law.
  2. The laws are clear, just, and applied evenly to protect fundamental rights, including core human rights.
  3. The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair, and efficient.
  4. Justice is delivered timely by competent, ethical, and independent representatives that reflect the makeup of the communities they serve.

The foregoing elements set a high bar that few societies can clear. The rule of law is organic, not static; it enjoys periods of good health as well as challenges to its well-being. It is more durable in some societies than in others, and it cannot be taken for granted. The vitality of the rule of law derives from society’s understanding, buy-in, vigilance, and resolve to protect it.

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MIEMBROS DE LEGAL TOUCH PARTICIPARÁN EN LA FORMACIÓN DE LOS ABOGADOS MADRILEÑOS

Legal Touch, gracias a la experiencia y prestigio de sus profesionales ,  colaborará con el departamento de formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid .

Diferentes miembros de Legal Touch participarán en la formulación de programas académicos y en su impartición . En este sentido , abogados de Legal Touch , impartirán los próximos días 17 y 29 de junio , respectivamente , curso sobre falsas denuncias en los procesos de familia y curso sobre el derecho y deber de información . Igualmente está previsto que los días 14, 16 y 17 de julio , Legal Touch se responsabilizará de la impartición de formación sobre contratación internacional  .

Se entrega la memoria del TC del ejercicio 2019: aumentan los recursos de inconstitucionalidad

El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha entregado hoy a Su Majestad el Rey la Memoria correspondiente a 2019, de cuya lectura se desprenden los siguientes datos de interés:

  • Se ha producido un aumento notable de los recursos de inconstitucionalidad presentados frente a leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Se promovieron 27, de los cuales 9 fueron interpuestos por el Presidente del Gobierno. En 2018 se habían interpuesto 12.
  • Crece también el número de sentencias dictadas, 178, frente a las 142 de 2018. De ellas, 117 han resuelto demandas de amparo y 61 procesos de inconstitucionalidad.
  • Se ha incrementado de forma importante la demanda de justicia constitucional, un 9,23 por 100. El número de asuntos ingresados es superior al de resueltos (7.621 asuntos nuevos y 6.574 resoluciones definitivas).
  • La mayor demanda de justicia constitucional se debe principalmente a la entrada de 7.554 recursos de amparo, que supone 99,12 por de 100 de los asuntos de nuevo ingreso. En 2018, fueron 6.918.
  • El número de recursos de amparo que se admite a trámite sigue siendo limitado, 174. No obstante, es superior a las admisiones de 2018 (115) y 2017 (70).
  • Las cuestiones de inconstitucionalidad ingresadas disminuyen de 42 a 33. Y también descienden las impugnaciones de disposiciones autonómicas, de 3 a 1.
  • Se han presentado seis conflictos de competencias, cinco positivos y uno negativo. En 2018, no se había interpuesto ninguno.
  • Cataluña acapara un importante número de recursos e impugnaciones, a los que el Tribunal ha dado respuesta en este período jurisdiccional.

Un año más, el Tribunal mejora en la práctica la defensa jurisdiccional de la Constitución y la alta misión que le es encomendada como intérprete supremo y garante jurídico de la Constitución Española.

Entre otras sentencias y por su interés jurídico-político, destacan las siguientes:

la STC 118/2019 sobre la constitucionalidad del despido por absentismo laboral; la STC 85/2019 estimando la autocuestión de inconstitucionalidad sobre responsabilidad patrimonial por la prisión provisional, en casos de sobreseimiento por inexistencia de los hechos; la STC 76/2019 sobre inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral general en materia de protección de datos sensibles; las SSTC 89/2019 y 90/2019 apreciando la constitucionalidad de las medidas del artículo 155 de la Constitución española y las STC 19/2019 y 45/2019 sobre propuesta de candidato a la Presidencia de la Generalitat e investidura «no presencial» del mismo; las SSTC 98/2019 y 111/2019 sobre resoluciones del Parlament acerca de la posición institucional del Rey el 1 de octubre de 2017 y acerca de la creación de una comisión de investigación de la Monarquía.

En el ámbito extrajurisdiccional, el Tribunal continúa apostando por la máxima transparencia para dar a conocer la Institución y su actividad a través de una página web que ofrece una detallada y actualizada información. Asimismo, en 2019 se ha puesto en marcha la comunicación en redes sociales mediante la cuenta de Twitter @TConstitucionE. Un año más, las notas de prensa publicadas relativas a las decisiones judiciales más relevantes hasta las 149, frente a las 137 de 2018 y las 113 de 2017.

En otro orden de cosas, tampoco debemos pasar por alto la importancia de la gestión electrónica de la administración del Tribunal con 425.438 expedientes y 502.151 documentos electrónicos en el repositorio del archivo del Tribunal Constitucional, habiéndose digitalizado 19.786 páginas de documentación.

Asimismo, el Tribunal continúa con una activa política en materia de puertas abiertas. En 2019, hubo 141 visitas, atendidas por los Servicios de Gabinete y Protocolo de Presidencia, el Servicio de Doctrina Constitucional y Letrados del Tribunal.

Inexplicable actuación de la CNMV el 18 de mayo: se levanta la prohibición de ventas en corto

Una noticia ha pasado inadvertida para el gran público; la CNMV presidida por el polémico Sebastían Albella, levantó  el día 18 de mayo de 2020 a las 23:59 horas la prohibición de las ventas en corto que estableció el 12 de marzo para frenar la especulación.

La prudente medida de prohibir las ventas en corto que había adoptado el órgano regulador el 12 de marzo no tenía otro objetivo que evitar la especulación de los fondos buitres extranjeros que, realizando ventas en corto de las  acciones de las empresas españolas, podrían especular con ellas hasta convertirlas en saldos muy por debajo de su valor real, muy asequibles para ser adquiridas por inversores extranjeros sin escrúpulos.

La prohibición se podría haber hecho antes y se hubiera ralentizado la caída de los valores de los primeros días, donde las ventas fueron en plan crisis de pánico de la “depresión de los años 20 del siglo XX” curiosamente un siglo después a cuando llega la siguiente depresión de los años 20, pero esta vez del siglo XXI.

La prueba es que el primer día de prohibición de ventas en corto, el IBEX 35 cerró con una subida del 6,4%, y todo ello debido a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entre otras cosas anunciaban medidas de defensa a las empresas de la bolsa española, adoptadas por medio del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, como medidas para evitar las OPAs de nuestras joyas empresariales.

Esta lógica medida adoptada por la CNMV para salvar a las empresas estratégicas de la economía española y componentes en su mayoría del IBEX 35, se unía a las tomadas por el gobierno español por medio del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que en su disposición final cuarta realizaba la modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, en los siguientes términos.

 

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La crisis judicial de (y en) familia que se avecina

AUTOR
Jorge Martínez Martínez

 TIEMPO DE LECTURA: 2 MIN
 

Tradicionalmente, la “temporada alta” para los abogados de Familia coincide con la vuelta de las vacaciones. Septiembre y enero son meses en los que se disparan las consultas y el inicio de procedimientos, ya que al ser en vacaciones cuando más tiempo se pasa en familia más fácil es afloren los desencuentros que a lo largo del año y por la rutina diaria permanecen aletargados.

Aunque tengamos ocasión de evadirnos, ya sea viendo los adornos navideños de nuestra ciudad o disfrutando de un refresco en la orilla de mar, hay momentos en los que podemos abstraernos de esa complicada convivencia vacacional y reflexionar en solitario sobre separarnos o no. Pero, con la crisis del coronavirus, ni un solo momento (la gran mayoría) habría tenido tiempo de reflexionar en solitario, a lo que se une la incertidumbre de no saber cuando volveremos a la hoy añorada rutina.

Nos hemos encontrado de sopetón con tres meses (camino de ello estamos) en que se comparten 24 horas al día y 7 días a la semana el mismo espacio-tiempo con nuestra pareja, en espacios por lo general reducidos y con los niños (si lo tenemos) poco menos que incontrolables más allá. Y si, además, sumamos la incertidumbre del futuro laboral y empresarial, tenemos un caldo de cultivo tóxico mucho más peligroso que el de las vacaciones navideñas o de verano.

Y peor lo habremos llevado si ya estamos separados y no podemos ver a nuestros hijos por la pandemia, el confinamiento y comportamientos varios de nuestros y nuestras “ex”, que convierten a los niños en una suerte de rehenes, en unos casos con justificados por las circunstancias y en otros, simple y llanamente, por capricho.

Así, no es de extrañar lo que estamos viviendo en nuestro despacho, que es similar a lo que desde la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) se ha dicho estos días: el aumento de las consultas sobre divorcios, modificaciones de medidas, compensación de días de visitas no disfrutados y reducción de las pensiones de alimentos por la crisis del coronavirus nos ocupan, prácticamente, todo el día. Es, más que un goteo constante, un grifo abierto que no se puede cerrar por haberse estropeado la llave de paso. Y ello, sin que se haya levantado la suspensión de los plazos procesales, que se producirá (salvo nuevo retraso) el 8 de junio.

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New Cybersecurity Review Measures approved by the Chinese Government

The Government of the People’s Republic of China has approved new cybersecurity measures for enterprises in China. These new measures for reviewing China’s cybersecurity will come into effect on 1 June 2020.

One of the fundamental principles of China’s cybersecurity law is that the purchase of network products and services (whenever national security interests are affected) should be subject to official cybersecurity review.

Under these new measures, operators of China’s critical information infrastructure are required to conduct a cybersecurity review when purchasing network products and services that may affect China’s national security interests. Network products and services include core network equipment, high-performance computers and servers, mass storage equipment, large-scale database and application software, cybersecurity equipment, cloud computing services, as well as other network products and services that have a significant impact on the security of critical information infrastructure.

It is important to note that these measures require operators of critical information infrastructure to anticipate potential national security risks arising from the acquisition; to determine whether the acquisition may impact national security; to declare to the Office of the Cybersecurity Review the need for a cybersecurity review; and to seek the right to seek the cooperation of vendors in the review process.

The Cyber Security Review Board will respond on whether a cybersecurity review will be required within 10 business days of receiving the operator’s statement. Any initial cybersecurity review is expected to be completed within 30 business days.

Violation of these measures may be subject to a fine of up to ten times the purchase price, along with individual fines of up to RMB 100,000 ($ 14.065) for the personnel involved.

For more information: https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/China-to-impose-security-check-on-infrastructure-IT-procurement2

El quebranto del derecho a la información al consumidor de productos financieros, causa de nulidad de cláusulas abusivas y de reclamación por daños y perjuicios

  • El derecho a la información es un elemento esencial en la contratación bancaria que salvaguarda sus derechos como contratante de un producto financiero.

Este trabajo y su exposición doctrinal, acompañada de la jurisprudencia que vamos a exponer, nos va a intentar definir la posición que hemos de adoptar en defensa de nuestro cliente, es un supuesto de hecho real, en el cual, un inversor minorista de banca privada detecta que el banco le ha cambiado las condiciones generales de su contrato y el modo en el cual remunera al banco por su servicio, cambiándole éste, incluso, la tabla de comisiones, aplicándole una subida espectacular de las mismas. Todo ello sucede, sin mediar comunicación alguna con él, pese a tener un asesor comercial personal elegido por el banco y haberse establecido por la entidad financiera, en el contrato de adhesión, el método de comunicación con el cliente, es decir, determinado el correo electrónico donde dirigirse a él, la dirección postal pactada para recibir comunicaciones y el modo de envió, por medio de mensajería de la información sobre del estado de sus inversiones a los efectos de mantener la confidencialidad y la seguridad que requería el tipo de contrato que se había concertado.

El motivo para que la entidad tuviera esta actitud con el cliente y decidiera hacer un cambio unilateral en el modo de calcular la comisión de gestión de la cartera, no era otro que el conocimiento de antemano por parte del banco y de sus servicios de estudios de la caída de la economía española e internacional, de próximo escenario de crisis del comercio mundial y ante esta situación, si el cálculo de las comisiones de las carteras gestionadas, se mantenía con un cobro al cliente de un porcentaje sobre la revalorización de las carteras, la caída del valor de las mismas, haría que el banco no pudiera cobrar comisiones por la gestión de las inversiones de los clientes. Es decir, la entidad financiera tendría una comisión de 0 euros.

Sin pudor alguno, el banco decidió cobrar comisión por la gestión, hubiera revalorización de las carteras o no.

En la nueva tarifa de comisiones, la entidad financiera estableció ex novo la aplicación de dos comisiones diferenciadas, en vez de una sola comisión como antes; la primera, anual, calculada en función del V.E.C., con aplicación por trimestres vencidos en base las escalas por saldo, y la segunda, similar a la que se había mantenido hasta ese momento, basada en la revalorización anual de la cartera gestionada, pero reduciendo el porcentaje a aplicar un porcentaje inicial al porcentaje fijado definitivo.

En una suerte de aplicación de una cláusula “rebus sic stantibus” el banco decidió cambiar el modo de calcular el cobro de comisiones a los clientes, ya que no iba a consentir que el cambio de las condiciones del mercado le hiciera perder ganancias por este producto bancario llamado “banca privada o gestión de carteras”, haciendo bueno el conocido lema de los casinos “la banca gana”.

Desde que el banco cambió unilateralmente el modo de calcular la comisión, casualmente la rentabilidad de la cartera del cliente no sólo cayó en rentabilidad, sino que la rentabilidad fue negativa.

Es por lo tanto evidente, que la entidad que cobró por gestionar la cartera del cliente y sus ahorros, en vez de avisarle del cambio de escenario económico, prefiriese silenciarlo al objeto de que el cliente no deshiciera la inversión buscando otras más rentables y todo ello, con el único objetivo de la entidad de poder seguir cobrando unas comisiones más cuantiosas, estando en pérdidas, que cuando la cartera que gestionaba era rentable.

Además, esta desproporcional comisión en un producto financiero que oscilaba entre una rentabilidad media del 3%,provocó que la rentabilidad acumulada de la cartera en el año 2018 cayese hasta un índice negativo del -4,43%. El cambio de la condición fue claramente perjudicial para el cliente y perfectamente calculado por el banco, utilizándose contra el cliente malas prácticas bancarias.

El banco en 2019, cobró de comisiones la mitad de los que se pagó al cliente por el rendimiento de su cartera. Todo un negocio para el banco a causa de la desproporcional comisión que creó un claro desequilibrio en el contrato a favor del banco.

Al incumplimiento por parte del financiador o del intermediario financiero de sus obligaciones de diligencia, lealtad en información en el producto contratado por el cliente, se une en muchos casos a un incumplimiento del deber de asesoramiento al cliente.

El derecho a la información por parte del consumidor, es fundamental para que este tipo de contratos se llegue a perfeccionar, dado que la desinformación o el ocultamiento de las características efectos y compromisos contractuales, junto con el riesgo que asume el cliente al suscribir el producto financiero, hacen que la ausencia de la información de lugar a la nulidad de las cláusulas abusivas, a veces del contrato y subsidiariamente a la indemnización de daños y perjuicios en caso de pérdida de la inversión.

Invocar, por el consumidor de productos financieros, un defecto o ausencia de la información por parte del banco o del intermediario financiero, es uno de los elementos fundamentos en los que se puede basar una reclamación judicial de los usuarios de productos financieros contra la entidad causante de este defecto.

La obligación del banco de asesorar e informar al inversor.

En un contrato de esas características, como es el de la banca de gestión de carteras o la banca privada, el banco asume la obligación de asesorarles y recomendarles de forma personalizada como va a invertir sus ahorros y unificar todos ellos en una sola cartera de inversión que gestionará la mano experta del banco.

A cambio de este servicio, el banco le ha de mantener al cliente personalmente informado, por medio de comunicaciones mensuales que se remitirían al inversor, de cualquier cambio que se produjera en su contrato o en la inversión de los productos financieros que realizarael banco por cuenta del cliente. Todo ello con una atención tan personalizada, que el cliente tendría a su servicio un asesor personal.

Eso no se produjo y se incumplió el contrato por parte de la entidad financiera.

Desde la firma del contrato de gestión de cartera el banco ha de prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversiones al cliente, definido en el artículo 63.1.g) de la LMV. La contratación y desarrollo del contrato de gestión de cartera (Banca Privada) por el cliente fue siempre resultado de una recomendación concreta recibida desde el banco.

La entidad ha de actuar así, es decir, de comercializador y simultáneamente, de asesor de sus clientes.

La CNMV reconoce que, en el mercado español, las entidades suelen prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversiones de forma conjunta con la actividad de comercialización que da lugar a la recepción y ejecución de órdenes.

En relación al servicio de asesoramiento, la CNMV publicó el pasado 23 de diciembre de 2010 una Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión. En esta guía queda perfectamente demostrado como el banco presta un servicio de asesoramiento a los clientes de este tipo de contratos de gestión de carteras, a tenor del art- 63.1) g de la Ley del Mercado de Valores, en virtud del cual se entiende por asesoramiento en materia de inversión “la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros…”

El conflicto latente en las entidades que prestan conjuntamente ambos servicios de asesoramiento y gestión de carteras, se materializó en este caso, en perjuicio de los intereses del cliente, es decir, con mala praxis, al anteponer su interés propio como comercializador, al interés de sus clientes de recibir un buen asesoramiento de inversiones, ocultándole que debería de pagar comisiones por la gestión de cartera y posteriormente y después de cobrárselas, cambiándole unilateralmente las comisiones para cuadruplicar los ingresos por este concepto del banco, sin informarle de que su cartera podría sufrir pérdidas ante los cambios de la economía internacional.

Las circunstancias de cada caso sirven para determinar la existencia de asesoramiento.

La existencia de asesoramiento en materia de inversión a un cliente, se deduce de los siguientes hechos:

La contratación del contrato de gestión de cartera y el aso a la Banca Privada, se produce a consecuencia de una llamada telefónica por parte del departamento comercial para que forma parte de la exclusiva Banca Privada, donde adquirirá el banco por cuenta del cliente, gestionando su cartera de ahorros, productos muy seguros y rentables sin comisiones de gestión.

El banco presta un servicio que la jurisprudencia denomina “gestión asesorada“. Se trata de una banca privada asesorada, de un servicio que mezcla diversos negocios jurídicos, pues comprende el asesoramiento personalizado a los clientes sobre las decisiones de inversión que el banco toma en su nombre, tendiendo a los límites de la inversión marcados por el cliente.

El banco despreció el cumplimiento de las normas de conducta del mercado de valores que imponen actuar con diligencia y transparencia en interés de los clientes (artículo 79 LMV). La ley obliga a que el asesoramiento de inversiones sea personalizado, idóneo al perfil del cliente y en este caso, se ha negado la información sobre las nuevas condiciones del contrato, modificación realizada unilateralmente al cliente, a una señora de 77 años, sin conocimientos financieros. El asesoramiento personalizado, dirigido a una persona concreta, existe, aunque el asesor no cumpla con las previsiones legales de conocer al cliente y recomendar exclusivamente productos financieros idóneos a su perfil.

Este quebranto del deber de asesoramiento por parte del banco y del incumplimiento del derecho de información al cliente, sobre el cambio de las condiciones contractuales al cliente causan un daño y perjuicio evaluable económicamente a causa de las malas prácticas bancarias empleadas por el banco.

Malas prácticas bancarias y una conducta desleal por parte del banco.

Las malas prácticas bancarias y conductas desleales por parte de un banco, se encuentran identificadas por la CNMV en la Comunicación de 7 de mayo de 2009 y entre otras, por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Fecha: 14/11/2016 Nº de Recurso: 1024/2014 Nº de Resolución: 666/2016 Procedimiento: CIVIL Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES. Ante la magnífica exposición que se hace en esta sentencia, sobran explicaciones por mi parte.

“…CUARTO. – Segundo motivo de casación. Alcance del deber de información y asesoramiento al inversor. Planteamiento: 1.- En este segundo motivo de casación, también formulado al amparo del art. 477.1 LEC, se alega infracción del art. 1.101 CC, en relación con los arts. 260 C.Com., 79.1 e) LMV y 16 del RD 629/1993. 2.- Al desarrollar el motivo, se aduce, sintéticamente, que incluso aunque se considerase que existió una relación de asesoramiento, el art. 79 LMV no exigía una información inmediata y puntual al inversor, sino únicamente una información periódica, que fue cumplida por Banif. Decisión de la Sala: 1.- Aunque los contratos de inversión objeto de litigio se suscribieron antes de la trasposición a nuestro Derecho interno de la normativa MiFID, a través de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, ello no es óbice para que en nuestro ordenamiento ya existieran unos estándares exigentes de información y asesoramiento al inversor; y no solo porque la propia parte recurrente haya considerado aplicables en su recurso las previsiones de las Directivas 2004/39/CE y 2006/73/CE. 2.- Como venimos afirmando reiteradamente en numerosas resoluciones, antes de la incorporación a nuestro Derecho interno de la normativa MiFID, la legislación ya recogía la obligación de las entidades financieras de informar debidamente a los clientes de los riesgos asociados a este tipo de productos, como las permutas financieras. Puesto que, al ser el servicio prestado de asesoramiento financiero, el deber que pesaba sobre la entidad no se limitaba a cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué consistía el producto que contrataba y los concretos riesgos asociados a este producto, sino que además debía haber evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más le convenía. En concreto, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, aplicable por su fecha a los contratos litigiosos, y expresamente invocado en el recurso, establecía las normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, y desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, de quienes debían solicitar información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. El art. 5 del anexo de este RD 629/1993 regulaba con mayor detalle la información que estas entidades que prestan servicios financieros debían ofrecer a sus clientes: «1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos […]. »3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos». 3.- Esa información debe ser «entregada a tiempo», es decir cuando las circunstancias de la inversión lo requieran. Y en este caso, dado que la propia entidad de servicios de inversión ofrecía a sus clientes una vigilancia continua de su inversión, mediante el antes citado asesor de patrimonios, resulta claro que la existencia de contingencias graves, como la convocatoria de una junta general extraordinaria para reconocer la existencia de autocartera por encima de los límites reconocidos hasta entonces, y la caída en bolsa de las acciones, debieron ser advertidas inmediatamente a los inversores para que pudieran tomar con conocimiento de causa las decisiones más adecuadas a sus intereses, bien fuera la desinversión rápida, o bien el mantenimiento de la inversión a la espera de tiempos mejores. Pero la entidad se limitó a informar genéricamente que tales contingencias habían sido circunstanciales y que el valor de las acciones se recuperaría, lo que tuvo como consecuencia que los inversores perdieran un tiempo precioso en su toma de decisiones, que se tradujo en graves pérdidas económicas. Cuando, además, concurría un conflicto de intereses entre las partes, porque Banif recibía mayor comisión cuanto más tiempo permaneciera vigente la inversión…”

Resumen de la legislación aplicable en defensa de los clientes minoristas y consumidores de la banca, de aplicación a este supuesto de hecho.

Las nuevas comisiones y las nuevas condiciones generales del contrato de gestión de cartera que el banco aplicó al cliente, no pasan el control de transparencia entendido como control de inclusión o incorporación al contrato. Sin información y sin conocimiento del consumidor no hay incorporación de cláusulas al contrato. Son abusivas y por ende, nulas.

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En marcha el registro telemático para tramitar documentación de extranjería

  • Al inicio del servicio ya se han incorporado más de 3.000 letrados y letradas de toda España, esperando un importante número de incorporaciones en los próximos días

13/05/2020.- El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto en marcha el registro telemático para que los abogados puedan tramitar documentación de extranjería por vía online.

Este nuevo servicio tecnológico se ha activado en un tiempo récord tras el Convenio firmado a mediados de abril entre la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, para permitir que todos los colegiados que lo deseen puedan tramitar la documentación de extranjería de sus representados de forma telemática.

BOE: Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica

La puesta en marcha del sistema de presentación telemática cuenta en un principio con la adhesión al Convenio de 50 Colegios de la Abogacía y, a través, del Consejo General de la Abogacía Española ya se han incorporado con la activación del registro de representantes más de 3.000 abogados y abogadas de toda España, esperando un importante número de inscripciones en los próximos días.

CARNÉ ACA: IDENTIFICACIÓN SEGURA

Gracias a este Convenio se evitarán, especialmente durante la vigencia del estado de alarma, miles de desplazamientos y largas esperas de ciudadanos extranjeros a las oficinas de la Administración Pública.

El registro ha sido desarrollado por el departamento de tecnología de la Abogacía y se aloja en los servidores del Consejo. El acceso al registro de las diferentes delegaciones funcionará, como el resto de servicios del Consejo, a través del carné colegial ACA que permite identificar con toda seguridad al abogado y que incorpora en su chip el dispositivo seguro de creación de firma electrónica de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

En la actualidad hay 5.023.279 ciudadanos extranjeros residentes en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

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