La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el listado de tratamientos de datos personales en los que no es obligatoria la realización de una evaluación de impacto, con el objetivo de facilitar a los responsables la identificación de este tipo de tratamientos. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) recoge en su artículo 35.1 que las organizaciones que traten datos están obligadas a realizar una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) antes de efectuar dichos tratamientos cuando sea probable que, en función de su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Por otra parte, el apartado 5 del mismo artículo establece que las autoridades de control podrán publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren una evaluación de impacto. Asimismo, y como contempla el RGPD, la Agencia ha comunicado al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) el listado, que también se encuentra disponible en inglés. Esta lista, que no exime de cumplir el resto de obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos, complementa a la publicada con anterioridad por la Agencia donde figuran aquellos tratamientos en los que sí es obligatorio llevar a cabo una EIPD.

El letrado Don Borja Zafra, Secretario del Consejo Consultivo de Legal Touch, se reunió el pasado día 25 de julio con Doña Mª José Segarra Crespo la actual Fiscal General del Estado. El objeto de la reunión fue tratar de establecer protocolos de colaboración entre la fiscalía y la abogacía para potenciar el respeto al factor humano en todas las actuaciones de los diferentes operadores jurídicos y la Administración de Justicia. También asistieron al encuentro, la Presidenta y la Tesorera de la Asociación para la Humanización de la Justicia, respectivamente, Dra. Dña. María Cruz Martín y la Lda. Doña Paloma Rodrigo. La reunión se celebró en la sede de la Fiscalía General del Estado. Don Borja Zafra declaró su satisfacción por el valioso compromiso de la Fiscalía para  fomentar la humanización de la abogacía.

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LAS PERSONAS FÍSICAS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 2.1.O) DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Se prorroga el plazo hasta el 31 de diciembre.

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Judit Nieto, Colaboradora editorial. @judithng9 

La nueva Directiva de la UE 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva de 2017/1132 en lo que respecta a la utilización y herramientas de procesos digitales, supone una gran transformación en el ámbito del Derecho de Sociedades.

Actualmente,según las cifras proporcionadas por la Comisión, se estima que existen alrededor de 24 millones de sociedades en la UE, de las cuáles aproximadamente el 80 % son sociedades de responsabilidad limitada. Una vez más, la UE ha decidido revisar sus normas en materia de Derecho de sociedades para adaptarlas a la revolución digital. El objetivo de estas medidas es lograr una mayor eficiencia, transparencia y seguridad jurídica mediante el uso de herramientas digitales a lo largo del ciclo de vida de las sociedades. Esta normativa  publicada en su formato definitivo este 20 de junio, entrará en vigor el 31 de julio de 2019.

El pasado 19 de julio se celebró en la sede madrileña de Legal Touch, Sesión de su Consejo Consultivo. En el mismo se analizaron diversos temas vinculados con la actividad de Legal Touch y con el análisis del sector jurídico nacional e internacional. Se constató de nuevo que el eje principal  de la actividad de Legal Touch, es la calidad de sus servicios por encima de cualquier otra motivación. A la Sesión asistieron los Consejeros D. Vasco Leal Cardoso, D. Gustavo Kolschinske, D. Santiago Saénz, Dª. María del Rosario Cañete, D. Jorge Pintó, D. José Luis Espinilla, D. Máximo Barrientos, Dª. Cynthia Favero, D. Carmelo Irazola, D. Jesús Fernández, D. Adolfo Maillo y D. Borja Zafra. Disculparon su asistencia los Consejeros D. Juan Miguel Arnau, Dª. Mª Carmen Villalobos, D. Sergio Geijo y D. Osmán Miranda, D. Luis Pérez, D. Eduardo Rodriguez de Brujon, y D. Juan Manuel Orenes. También asistieron en calidad de invitados los Sres. D. Pablo García, CEO de Infofuturo, y D. David García Director de Difusión Jurídica, que informaron a los reunidos sobre cuestiones documentales y tecnológicas de aplicación al sector del asesoramiento. Posteriormente se celebró un almuerzo informal , a cuyo acto responde la fotografía que ilustra esta noticia.

Desde el Gabinete de comunicación de Legal Touch informan que dentro del ámbito  de la Ley de Segunda Oportunidad, esta Sentencia abre nuevas expectativas en favor de los ciudadanos sometidos a la misma.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de dos de julio de 2019 desestima el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la que daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

El fallo abre la puerta a que los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas , tanto el crédito ordinario como el subordinado (intereses, recargos , sanciones y un 50% de la cuota).

J.M. Barjola.- ¿Se puede enervar (deshacer un lanzamiento y continuar con el contrato) un desahucio de arrendatario por no haber pagado el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) si su cálculo fue incorrecto y así lo hace ver el perjudicado? El Tribunal Supremo considera que sí.

No importa que el arrendatario haya pagado el concepto que ahora impugna en otras ocasiones, ni que el arrendador haya interpuesto reclamación extrajudicial por impago. El arrendatario tiene derecho a pagar a posteriori el concepto y a volver a disfrutar de su alquiler, quedando el desahucio totalmente aparcado, por no existir en ningún momento incumplimiento contractual al existir desacuerdo sobre la cantidad debida.

No es dinero legal si no un activo patrimonial inmaterial. #ComparteTuCaso.